El criterio general común de la eficacia temporal de las normas jurídicas, es que estas se aplican a los hechos ocurridos durante su vigencia. Al respecto, ha expuesto la Sala Constitucional lo siguiente: «Con relación a la vigencia temporal de la ley penal, debe decirse que en general, los hechos punibles se han de juzgar de conformidad con las leyes vigentes en la época de su comisión. Tiene como presupuesto la existencia de dos normas en vigor cuya aplicación preferente se discute. Es la esencia de las medidas cautelares agroambientales». En esta misma perspectiva, a fin de evitar la indefensión que generaría cambios sorpresivos en la legislación procesal a partir de la cual se estructuró la correspondiente estrategia procesal y la eficacia de los actos procesales, el artículo VII.1 TP del CPP prescribe que seguirán rigiéndose por la ley anterior, los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado -referido a los medios de impugnación y a todo tipo de actuaciones procesales, incluyendo por cierto las medidas limitativas restrictivas de derechos-. el propio artículo 103 de la Ley Fundamental reconoce una, excepción e impone la ultraactividad de la ley en materia penal —que ocurre cuando, una norma derogada continúa, sin embargo, surtiendo efectos jurídicos de manera, excepcional más allá del momento en que tal derogación ocurre—, cuando favorece, lo dispuesto en el artículo 139.11) de la propia Constitución, que considera como, principio y derecho de la función jurisdiccional la aplicación de la ley más favorable. A partir de la entrada en vigor de la nueva norma, ... pero en principio creo que va a ser muy beneficioso para el sector. En muchas ocasiones, será necesario realizar actuaciones procesales en el extranjero, en las que el juez del. El criterio que se ha de seguir, por tanto, será el afianzamiento de la. – COMISIÓN INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS, «Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales», CIDH. El artículo 99 de la Constitución fija dos clases de acusación constitucional, la acusación constitucional en vía de juicio político -dedicada a las infracciones constitucionales al margen de su posible contenido penal, destinada a valorar políticamente la conducta funcional-, y la acusación constitucional en vía de antejuicio político -circunscrita a la comisión de delitos cometidos en el ejercicio del cargo- [GARCÍA TOMA]. Se aplicará el Convenio Colectivo. El artículo 51 de la Constitución estipula que la publicidad es esencial para la vigencia de las leyes, y el artículo 109 sanciona que esta es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo que la propia ley contenga disposición contraria que postergue su vigencia en todo o en parte la irretroactividad de la ley, en consecuencia, es esencial y consolida el valor de seguridad jurídica, que en sede procesal significa que las partes tienen derecho a saber de antemano que su pretensión y defensa se ejercitarán en un procedimiento en el que el programa de posibilidades, cargas y obligaciones procesales ha de encontrarse legalmente preestablecido [GIMENO]. Ejemplo la condición más beneficiosa es un principio de creación jurisprudencial, conforme al cual los sujetos del contrato de trabajo pueden establecer condiciones de trabajo más favorables que las establecidas en las normas legales y convencionales que regulan la relación y que prevalecen sobre estas, de mutuo acuerdo … Clic aquí para mayor información sobre el curso. ii. Su fundamento radica en la protección de las buenas, relaciones con países extranjeros, al objeto de que las mismas no se empañen por la, posible responsabilidad penal de alguno de sus representantes en Perú, confiándose, en que, de haber responsabilidad, su país le perseguirá adecuadamente [CUELLO, Estas inmunidades solo serán superadas en tanto sean objeto de renuncia, por el Estado acreditante, que ha de ser siempre expresa y ha de comunicarse por, escrito al Estado receptor [JESCHECK]. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/14.pdf. Bruxelles, Bruylant, 2012. 6 de la Ley General de la Administración Pública y art. – VIGO, Rodolfo: «Los principios generales del Derecho», en Revista Jurisprudencia Argentina, 1986. En otras palabras, si se carece de certeza sobre la inocuidad de la actividad en cuanto a provocar un daño grave e irreparable, la administración debe abstenerse de realizar este tipo de actividades (32). Por ejemplo, imagina que estas trabajando y en materia de vacaciones el Estatuto de los Trabajadores prevé 30 dÃas, el Convenio colectivo establece 40 dÃas de vacaciones, y en tu contrato habéis pactado 35 dÃas, por año completo de servicios las vacaciones ¿qué se te aplicará? Su suerte está atada a la acusación constitucional, por consiguiente, no rige para los supuestos de inmunidad, de modo que, vencido el plazo de cinco años, cesa esta prerrogativa. Sentencia número 145-2002 del 09 de abril de 2002. La regla se encuentra íntimamente ligada con la idea de derechos adquiridos de los trabajadores, según los cuales, si una determinada situación ha sido dada conscientemente por el empleador por el transcurso de un tiempo razonable y esta ha ingresado a su patrimonio, se reputarán como parte integral del contrato individual de trabajo y no podrán ser disminuidas por norma alguna, aunque la misma sea de superior rango (21). V. Bibliografía. Por último, el derecho internacional ambiental también prevé como regla la aplicación de la norma más favorable.Al efecto, cabe citar a manera de ejemplo, los Convenios de Basilea y Helsinki, que prevén la superioridad de la norma que más beneficie al ambiente; de igual manera, el Convenio de Diversidad Biológica y su protocolo de Cartagena expresamente disponen su supremacía sobre otros tratados, convirtiéndose por tanto en pisos normativos que solo permitirían disposiciones más estrictas y rigurosas que las ya previstas por ellos mismos. enjuiciamiento, La decisión corresponde al Congreso y, a partir de ella. 1 del Código Civil; conforme al cual, en caso de conflicto entre una fuente superior a otra, se desaplica la de rango inferior. WebLa norma más favorable: significa que cuando una misma situación se le puede aplicar varias normas, debe elegirse la aplicación de la que es la más favorable para los trabajadores. En caso de duda a la hora de aplicar una norma laboral, hay que escoger la interpretación más beneficiosa para el trabajador. Sentencia constitucional número 2011-6221. 4. En consecuencia, las actuaciones procesales sucesivas o futuras, luego de entrar en vigor la nueva ley procesal, se rigen por esta última. La incoación de un proceso penal está condicionada a una valoración político- jurisdiccional del Congreso, a que este encuentre fundamentos razonables para el procesamiento penal -propiamente, indicios de criminalidad-, y procede a instancias de una ‘(denuncia constitucional”, Aunque esta institución, más allá de sus inconvenientes político-institucionales, tiene un carácter temporal: si bien el delito, siempre vinculado al ejercicio del cargo, ha de ser cometido cuando el alto funcionario ejerce el cargo, la prerrogativa solo dura cinco años, de suerte que a su vencimiento esta cesa y la persecución procesal tiene lugar sin obstáculo alguno, esto es, sin autorización previa del Congreso -se trata de un plazo de caducidad-. El «soft law» no necesita del trámite normal que siguen los tratados internacionales para ser incorporados a los distintos ordenamientos jurídicos y su función se circunscribe a interpretar, integrar y delimitar el ordenamiento interno de los Estados. – PEÑA CHACÓN, Mario: «Los derechos adquiridos de buena fe y sus implicaciones ambientales», en Revista Monfrague, Desarrollo Resiliente, volumen II, N.° 1, España, enero 2014. No es el caso de la inviolabilidad, institución de relevancia constitucional. (13) Forman parte del «soft law» o derecho blando todas aquellas resoluciones y declaraciones de principios emanadas de Conferencias y Organismos Internacionales. penal el momento de la comisión del hecho punible, que solo determina el objeto, procesal, y no regula los actos procesales ni las potestades y situaciones jurídicas, procesales; por tanto, la irretroactividad material y la procesal operan utilizando, como referencia elementos o datos no coincidentes. Empero, es plenamente aceptable el criterio referido al tempus delicti comissi, a las normas que, de uno u otro modo, regulan la garantía procesal específica del juez legal predeterminado por la ley-llamada también ‘juez natural’-, uno de cuyos elementos es precisamente la predeterminación del juez en relación a la fecha de comisión del delito, tal como lo ha reconocido el artículo 8.1 de la CADH [HURTADO POZO] —con las matizaciones que en su momento se expondrán—. Aplicación del principio de la condición más beneficiosa En el Derecho de la Seguridad Social las normas pueden provenir de fuentes diferentes, es posible que en una circunstancia determinada se presente un No es válido lo dispuesto en el Contrato de Trabajo porque supera la jornada máxima permitida en su Convenio colectivo para su categorÃa profesional. La aplicación e interpretación de las normas laborales presenta sus propios desafíos, entre ellos la existencia de diversas normas para regular los mismos supuestos de hecho, el constante … Como hemos visto anteriormente, una misma materia puede estar regulada en varias normas. subjetivo ni privilegio personal del congresista: STC n.° 0026-2006-PI/TC, del órgano constitucional concernido) en cuya virtud los congresistas, -también se extiende a los magistrados del Tribunal Constitucional y al, Defensor del Pueblo- no pueden ser privados de su libertad, con la única, excepción del delito flagrante, y/ o procesados (inmunidades de arresto y, de procesamiento) sin previa autorización del Congreso -o del Pleno del, Tribunal Constitucional en el caso de sus magistrados-. González Ballar afirma que la interpretación expansiva en el derecho ambiental tiene su importancia ante los bienes jurídicos con los que tratamos, el equilibrio de los ecosistemas y la salud, el bienestar o el buen vivir de la «Pachamama». Tanto el Código Civil como la Ley General de Administración Pública le otorgan a las fuentes formales no escritas del ordenamiento jurídico funciones de interpretación, delimitación e integración de las fuentes escritas.En el derecho privado, el uso y la costumbre rigen en defecto de ley aplicable, siempre que su existencia haya sido demostrada y no resulten contrarios a la moral o al orden público o a una norma de carácter prohibitivo. III. En el caso del derecho internacional se tienen a los agentes diplomáticos, a los jefes de Estado o representantes del mismo enviados a otro Estado a una misión especial, y a los funcionarios y empleados consulares. Legalmente han sido desarrolladas en la. De ahí que dichos actos, que conforman el proceso nacional, y que van a tener, eficacia en este proceso, se desarrollen bajo la aplicación de la norma procesal, El artículo 103 de la Constitución afirma el principio fundamental en, materia de aplicación de normas en el tiempo. una posición que es de compartir, fija como criterios los siguientes: exclusivas del nuevo modelo procesal, correspondientes por tanto a su. Legalmente han sido desarrolladas en la Sección II del Libro Quinto del nuevo Código Procesal Penal. puede aplicar el derecho procesal extranjero. En todos estos supuestos en los que el Código Penal dispone que es aplicable la ley penal (material) peruana, pese a la presencia de un elemento extranjero o internacional —de ahí su denominación de derecho penal internacional—, lo será igualmente la ley procesal penal nacional —no cabe duda, por tanto, que ese ámbito pertenece al derecho penal material, en tanto fijan el dominio de aplicación del poder punitivo del Estado [HURTADO POZO]—. Finalmente, las modificaciones señaladas en el ámbito del proceso ambiental imponen hablar de un «verdadero derecho procesal ambiental», sea considerado como una rama autónoma o no; y la complejidad científico-técnica de los casos ambientales, que demandan soluciones inéditas a problemas también inéditos, imponen como mecanismo superador de las estructuras tradicionales del derecho la conveniencia de contar con fueros especializados en la materia ambiental como garantes de la aplicación efectiva del principio de precaución». – Augusto Morello. – PEÑA CHACÓN, Mario: «Gobernanza territorial y principio de no regresión», en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, N.° 9, agosto 2013. Una de las instituciones más controvertidas del Derecho Laboral es el principio de condición más beneficiosa (C+B), en especial en lo relativo a su ámbito de aplicación, esto es, si el … (34) «Tercero, y más importante, a raíz del principio «in dubio pro natura» , el presupuesto de «periculum in mora» está expresamente regulado al hablar de un daño grave e irreversible y se redimensiona dicho presupuesto de aplicación sobreponiéndolo a falta de criterios científicos que puedan determinar el «fumus bonis iuris» o verosimilitud del buen derecho.Bajo esta inteligencia, aun en caso de duda de que se esté produciendo daño ambiental, deben dictarse las medidas más adecuadas para evitarlo». Rige el brocardo lex fari, de manera tal que todo acto procesal llevado a efecto en el Perú por nuestros jueces se tramitará conforme a nuestras normas, incluso las actuaciones procesales realizadas por jueces nacionales en funciones de auxilio judicial internacional y, por tanto, en el marco de un proceso extranjero regido por los preceptos imperantes en ese país. Puede definirse como (i) una prerrogativa institucional; un obstáculo al ejercicio de la jurisdicción, del Congreso como institución y de sus miembros de manera individual-esto último en tanto derechos reflejos de los que goza el alto funcionario en su condición de miembro del órgano constitucional correspondiente: Congreso, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo; no es un derecho subjetivo ni privilegio personal del congresista: STC n.° 0026-2006-PI/TC, de 0803-07-; y, como tal, (ii) destinada a proteger la posición institucional del órgano constitucional concernido) en cuya virtud los congresistas-también se extiende a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo- no pueden ser privados de su libertad, con la única excepción del delito flagrante, y/ o procesados (inmunidades de arresto y de procesamiento) sin previa autorización del Congreso -o del Pleno del Tribunal Constitucional en el caso de sus magistrados-. A la vez, es posible citar los «hechos políticos» donde destacan las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos ambientales, tanto a nivel nacional como internacional, los cuales a pesar de no alcanzar rango de normas jurídicas, se constituyen en verdades fuentes creadores del derecho ambiental. 6.2.- Reducciones y ampliaciones de jornada. pueblo y magistrados del Tribunal Constitucional (artículos 93, § 2; 161, § 3; 201, § 2, de la Constitución), pues es propiamente una inmunidad de jurisdicción, material que no se traduce en una inaplicabilidad de la ley procesal penal por un, obstáculo temporario para la persecución penal [MAIER], En estos casos lo que, no se aplica es la ley penal material y con un carácter permanente, por tanto, es, un instituto de derecho penal material-constitucional, Se considera una garantía, funcional indispensable para proteger a dichos altos funcionarios de persecuciones, de los otros poderes del Estado o de los particulares afectados por sus intervenciones. Desde la perspectiva, espacial solo alcanza a las imputaciones por delitos cometidos dentro del, ámbito territorial del Estado, con las excepciones legalmente previstas, Contribuye al ejercicio de esta garantía, como presupuesto procesal penal, la petición de levantamiento de fuero, prevista en el artículo 6, §, 3, del Reglamento del Congreso (párrafo modificado por la Resolución, Legislativa n,° 015-2005-CR, de 03-05-06), Una Comisión de jueces, supremos, designada por la Sala Plena de la Corte Suprema, a instancia de, los órganos jurisdiccionales que conocen del caso) es la que se pronuncia), inotivadamente, instando al Congreso o, en su caso, a la Comisión, Permanente, la autorización o no de la privación de la libertad y el. 1.- Qué se entiende por relación laboral. La regla del «in dubio pro operario» significa que entre dos o más sentidos de una norma habrá de optarse, en caso de duda, por el más conveniente para el empleado. Derecho Procesal Penal. Se trata, propiamente, de una prerrogativa procesal o un especial, reforzamiento de las garantías procesales en los procesos penales que se, pudieran seguir contra determinados altos funcionarios públicos (el, artículo 99 de la Constitución realiza una enumeración taxativa de ellos). Sin embargo, el propio artículo 103 de la Ley Fundamental reconoce una excepción e impone la ultraactividad de la ley en materia penal —que ocurre cuando una norma derogada continúa, sin embargo, surtiendo efectos jurídicos de manera excepcional más allá del momento en que tal derogación ocurre—, cuando favorece al reo (STC n.° 5786-2007-PHC/TC, FJ 2); norma que a su vez se refuerza con lo dispuesto en el artículo 139.11) de la propia Constitución, que considera como principio y derecho de la función jurisdiccional la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales [RUBIO CORREA]. Los campos obligatorios están marcados con. 34 de la Constitución Política que obedece a su vez a los principios de legalidad y seguridad jurídica. C. El aforamiento está impuesto por el artículo 100 de la Constitución y se circunscribe a los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones los altos funcionarios públicos a que se refiere el artículo 99 de la Ley Fundamental. Precisamente, en aplicación del principio «pro homine», la Sala Constitucional le ha otorgado rango integrador e interpretador del derecho de la Constitución a instrumentos del derecho internacional no vinculantes, incluyendo aquellos que califican como «soft law» (13), en el tanto otorguen mayor protección a los derechos fundamentales de las personas (14). – GONZÁLEZ BALLAR, Rafael: «Reflexiones para la interpretación de la no regresión», en El Principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano, PNUD, 2013. (2) CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, edición actualizada, corregida y aumentada, 2010. Las excepciones —inmunidad de jurisdicción procesal—, siempre temporales. La inmunidad -que solo rige para el derecho penal- está prevista en los artículos 93 § 3, 161 § 3 y 201 § 2 de la Constitución. Indica cual será la norma aplicable, y si el pacto que el trabajador y empresario han establecido en el contrato de trabajo es lÃcito. Tanto la irretroactividad de la norma penal menos favorable cuanto la retroactividad de la más favorable obedecen al deseo de otorgar mayores espacios de libertad a los ciudadanos. (36) Tribunal Superior Tribunal de Justicia de Brasil, Sala 2, caso: Brasilit Industria e Comercio Ltda. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. PRINCIPIO DE LA NORMA MÁS FAVORABLE Ahora bien, los requisitos para la aplicación del CPP a los distritos judiciales. Las normas procesales penales son normas territoriales. al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales [RUBIO CORREA]. Se aplicará el contrato de trabajo. Jerarquía de las fuentes. 4.- El contrato de trabajo. Por último, el carácter de derecho humano les da a los «valores» ambientales la condición de fuente material del derecho ambiental. Es válido porque se ajusta a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. La favorabilidad en materia procesal. personería internacional del Estado extranjero como tal. on ">ÓÆLû@00"ÿWþ0 µá
12.- Procedimiento para reclamar los derechos. Sentencia constitucional 1999-2707 del 14 de setiembre de 1999. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces.Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En definitiva, considera esta Sala que la aplicación de la ley penal más favorable sí forma parte del debido proceso, por lo que ante un conf licto de normas, el juez debe necesariamente optar por la norma que prevea la sanción menos grave o si es del caso, por la que despenaliza la conducta». Empero, es plenamente aceptable el criterio, garantía procesal específica del juez legal predeterminado por la ley-llamada también, ‘juez natural’-, uno de cuyos elementos es precisamente la predeterminación, del juez en relación a la fecha de comisión del delito, tal como lo ha reconocido, el artículo 8.1 de la CADH [HURTADO POZO] —con las matizaciones que en su, Asimismo, es de seguir este último criterio cuando se, trata de normas referidas a las condiciones o presupuestos de proceclibilidad o de, impedimentos de procedibilidad —por ejemplo, requisito de querella y régimen de, la prescripción—, pues se sitúan en la frontera con el derecho penal material, y en no, pocos de ellos su ubicación es dudosa, que sería el caso de la prescripción en que un, sector de la doctrina la considera una institución mixta, por lo que sería aplicable el, fundamento de la irretroactividad de las leyes penales, en tamo estén vinculadas al. del territorio de la nación” [lBÁÑEZ Y GARCÍA-VELASCO]. Para brindarte una mejor experiencia, utilizamos cookies en nuestra web. Otras posibilidades para habilitar la persecución del Estado receptor se, presentan cuando el agente cesa en su cargo o representación o si desaparece la. En el caso de que existan dos o más normas en vigor y se discuta cuál debe aplicarse con preferencia, se debe elegir la que sea más favorable para el … En los agentes concurre meramente un óbice de procedibilidad, que tiene efecto, por regla general, en una determinada situación o tiempo [GÓMEZ ORBANEJA]. Existen, en esta materia, dos grandes principios generales que es del caso afirmar: (i) en el ámbito territorial o espacial, las normas rigen dentro del territorio del Estado; y. En estos casos se, asume un criterio básico: la legalidad ordinaria ha de ser interpretada y aplicada de, la forma más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales (así, por. penal solo se explican en atención al cargo u oficio público que ostentan [TOMÉ], En el caso del derecho internacional se tienen a los agentes diplomáticos, a, los jefes de Estado o representantes del mismo enviados a otro Estado a una misión, especial, y a los funcionarios y empleados consulares. Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1995. – PEÑA CHACÓN, Mario: «La Ley Orgánica del Ambiente y el Principio de No Regresión», en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, N.° 7, febrero de 2013. «El derecho ambiental es un nuevo derecho, comprensivo, que instalado como una problemática acuciante, de urgente solución, produce disfuncionalidades en los institutos clásicos del derecho, ransformándolos, modificando su impronta genética, para satisfacer necesidades básicas de respuesta ineludible». (1) GONZÁLEZ BALLAR, Rafael: «Reflexiones para la interpretación de la no regresión», en El Principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano, PNUD Centro Regional, Panamá, 2013. 3.5 ET) los trabajadores no podrán renunciar validamente de los derechos indisponibles reconocidos por normas legales o convenios colectivos (Ejemplos: vacaciones, huelga, salario mÃnimo, jornada máxima, descansos, etc.). funcionarios públicos a que se refiere el artículo 99 de la Ley Fundamental. Sin embargo, se trata de un principio de aplicación exclusiva a la ley sustantiva, y referido al imputado únicamente, según se regula en los tratados internacionales de derechos humanos, concretamente en el art. Es de tener presente, empero, que lo anterior no significa que, en algunas, ocasiones, determinados y concretos actos procesales que integran un proceso, peruano no deban regirse por normas procesales extranjeras. Si de una u otra forma el CPP tiene preceptos, en, línea de comparación con el ACPP, más favorables, es decir, mejore las expectativas, procesales del imputado desde la perspectiva de sus derechos individuales o de, su ámbito de libertad o entorno jurídico, no cabe duda de la posibilidad de la. En conclusión, no se puede aplicar el derecho procesal extranjero. No es el caso de la inviolabilidad, institución de relevancia constitucional referida a los delitos de expresión —por tanto, de carácter limitada, parcial o relativa: solo incluye determinados actos—, que se reconoce a congresistas, defensor del pueblo y magistrados del Tribunal Constitucional (artículos 93, § 2; 161, § 3; 201, § 2, de la Constitución), pues es propiamente una inmunidad de jurisdicción material que no se traduce en una inaplicabilidad de la ley procesal penal por un obstáculo temporario para la persecución penal [MAIER], En estos casos lo que no se aplica es la ley penal material y con un carácter permanente, por tanto, es un instituto de derecho penal material-constitucional, Se considera una garantía funcional indispensable para proteger a dichos altos funcionarios de persecuciones de los otros poderes del Estado o de los particulares afectados por sus intervenciones como tales [ALCALÁ ZAMORA]. v. Posee revisabilidad restringida, una vez denegada la petición judicial de levantamiento de fuero, desde la necesaria protección de la garantía de tutela jurisdiccional, puede revisarse a partir de la exigencia de motivación de la decisión en los estrictos límites del control de politicidad del pedido judicial: si con la detención o procesamiento del alto funcionario se instrumentaliza al Poder Judicial para fines políticos [GÓMEZ BENÍTEZ] -si el denegatorio ha cumplido con valorar ese extremo, único posible, del petitorio judicial, que tiene un carácter ampliamente discrecional-. Si la aplicación del Derecho del Trabajo estuviese presidida exclusivamente por este principio de jerarquÃa normativa resultarÃa inviable la negociación colectiva e individual, ya que leyes y reglamentos se aplicarÃan con preferencia a los convenios colectivos y a lo pactado en el contrato de trabajo, por lo que no tendrÃa sentido pactar mejoras laborales (ejemplo un salario superior o más tiempos de descanso) pues, en la mayorÃa de los casos, el empresario tenderÃa a aplicar la norma de mayor rango jerárquico donde se establecen las condiciones mÃnimas de trabajo. De esta forma, documentos en principio no obligatorios, se posicionan como fuentes formales y adquieren el rango de la norma que integran o interpretan.
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